Mucho se está escribiendo desde ha ce tiempo en todos
los diarios de España acerca del fraude de los ERE (Expedientes de Regulación
de Empleo). Han sido desde su descubrimiento por el Diario EL MUNDO todo un
acontecimiento periodístico. Lo último, un informe del que reproduzco algunas
informaciones, indican que el protagonismo de los mismos, no se quedó, al
parecer, en el Consejero de Empleo en la cárcel, Antonio Fernández, sino más
arriba. La justicia dirá en su momento hasta dónde exactamente ha llegado la
corrupción de millones de euros en Andalucía, a cuenta del dinero que tenía que
estar dedicado a Empleo para los parados. Sólo pongo alguna información de ABC,
LA RAZÖN EL MUNDO, etc. Aquí va:
Pide que el
presidente de la Cámara de Cuentas explique la fiscalización
El PP llevará al Parlamento el informe de los ERE que
apunta a Griñán
Presidente
de la Cámara de Cuentas
PP-A
pide que López aclare en el Parlamento el contenido de informe sobre los ERE
Andalucía
Manual para el «informe ERE»
La auditoría revelada por ABC no era un borrador sino un «anteproyecto», pese al intento de la Junta por descafeinarla
Andalucía
La Cámara de Cuentas alerta del nulo control a las subvenciones de la Junta
El órgano fiscalizador detecta desvío de inversiones para pagar nóminas, gastos de propaganda, apertura de senderos, jornadas de turismo o seguros agrarios
Las transferencias de capital, en cifras
10.079 millones de euros en
pagos efectuados por la Junta mediante transferencias de capital en 2007, 2008
y 2009. Lo que comúnmente se conoce como inversiones se desvió a otros gastos
5,85 millones de euros que el
SAE empleó de forma indebida en pagar sueldos del personal de la administración
paralela de la Junta (Faffe y Utdlt) y que debió imputarse como «transferencias
corrientes»
52 expedientes de pago analizados por la
Cámara de Cuentas, que concluyó su trabajo de campo en septiembre
pasado: 40 son subvenciones y 12 transferencias de financiación
La auditoría revelada por ABC no era un borrador sino un «anteproyecto», pese al intento de la Junta por descafeinarla
antonio r. vegaabcdesevilla / sevilla
Día 31/05/2012 - 07.27h
La Cámara de Cuentas alerta del nulo control a las subvenciones de la Junta
La Cámara de Cuentas implica a Griñán y Chaves en la financiación irregular de los ERE
La Junta ocultó que Griñán desvió seis millones de euros a Invercaria
El PP-A pide ampliar la investigación de los ERE fraudulentos a Innovación
Las 10 mentiras de los ERE
El caso de los ERE de la A a la Z
La juez Alaya confirma la pena de prisión para Guerrero
Los intrusos suben a 126 y pueden ser más
La Fiscalía pide que Fernández siga en prisión por riesgo de fuga y de entorpecer
La difusión de una auditoría que confirma la caótica gestión del
fondo de reptiles ha hecho saltar por los aires la metódica rutina de la Cámara
de Cuentas de Andalucía. Por primera vez en sus 24 años de historia, este
órgano de fiscalización ha quedado expuesto a la luz de los focos de una
descarnada trifulca política con ingredientes
que parecen sacados de una intrigante novela de Le Carré. No falta un detalle:
espías, colaboradores necesarios, coartadas, responsables bajo sospecha y
cortinas de humo. Todo ello ha contribuido a desenfocar el verdadero objetivo
del análisis: una lista de irregularidades interminable que
deja en evidencia el reparto discrecional de mil millones de euros de fondos
públicos durante una década (2001/10). Una conclusión que encaja a la
perfección con la tesis de la juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya, quien sostiene que la Junta instauró
un sistema opaco de pagos a través de una agencia (IDEA/IFA) que sirvió para
beneficiar con subvenciones a empresas cercanas al poder y prejubilar
a falsos trabajadores.
El estudio apunta a la cúspide de la pirámide diseñada por Alaya al
señalar que las anomalías eran de «general conocimiento» en el Gobierno andaluz, desarmando así su principal
argumento exculpatorio. El documento, elaborado tras ocho meses riguroso
trabajo por tres auditores y dos técnicos, también revela que fallaron los
controles de la Intervención General, órgano dependiente del presidente José Antonio Griñán cuando era consejero de Economía y
Hacienda (2004/2009). Jamás llegó a emitir un informe de actuación que habría abortado
de inmediato esta trama de corrupción. Mucho se
ha dicho estos días tratando de desacreditar la auditoría, a raíz de su
revelación por parte de ABC, pero no todo obedece a la realidad. Éstas son las
respuestas al reguero de incógnitas y conjeturas que rodean al expediente de la
discordia.
¿Informe o borrador?
Griñán salió al paso del documento, que señala su responsabilidad en
el desvío de dinero para engordar la partida 31-L,
diciendo que no es ni lo uno ni lo otro. Ciertamente, no es un borrador. Es más
que eso. Ya ha pasado dicha fase y tiene rango de «anteproyecto de informe», el
paso previo a su aprobación provisional por el Pleno de la
Cámara de Cuentas, que estaba previsto el pasado martes, pero se ha
aplazado hasta mañana debido a su «filtración», que llegará hasta la Fiscalía.
Esto significa que el denominado «programa de campo» ya estaba culminado por
parte del equipo de fiscalización. Había sido
analizado por una comisión técnica y, a su vez, los consejeros responsables del
estudio, que en este caso son el propio presidente del ente, Antonio
López, y la auditora Amelia Martínez,
nombrados por el Parlamento a propuesta del PSOE y PP, respectivamente, lo
habían elevado al pleno para su debate.
¿Qué trámites faltan?
Una vez que el anteproyecto de informe se somete al primer dictamen
del pleno, éste puede hacer modificaciones. Tradicionalmente los cambios se
limitan a aspectos de redacción que no desvirtúan la esencia del trabajo
técnico, que es muy exhaustivo y se basa en sesudosexámenes, verificaciones,
saldos de cuentas y documentos, conforme establece el «Manual de
Procedimientos» de la Cámara. El paso siguiente consiste en remitirlo a la Consejería de Empleo para que formule sus alegaciones.
El plazo es de 15 días. Tras el estudio y aceptación —si procede— de las
mismas, se elabora el informe definitivo que aprobará de nuevo el máximo órgano
ejecutivo de la Cámara de Cuentas.
¿Hay riesgo de sustracción?
Es difícil, por no decir imposible. Mario
Jiménez (PSOE) puso en circulación la conjetura de que el documento
ha sido «sustraído», una hipótesis que omite las estrictas normas de control y
custodia de los informes, que son archivados en cajas homologadas y guardadas
en armarios blindados. El informe publicado se puso el pasado jueves a disposición
de todos los consejeros que componen el pleno a través de una
intranet corporativa en la que se publican los contenidos y a la que
se accede con una clave personal. Desde entonces, el informe está circulando.
Nadie lo robó. Tampoco el informe es falso. Se ha abierto una investigación
interna para buscar al supuesto «filtrador».
¿Presiones políticas?
Se quejaba amargamente Griñán del «posible uso partidista» del
documento interno. Lo hacía poco después de que el presidente de la Cámara
convocara una rueda para decir lo mismo —no es «oficial»— y tras una jornada de
nervios en la que los teléfonos desde el Gobierno al Hospital
de las Cinco Llagas (donde tiene su sede el órgano fiscalizador) no
dejaron de sonar. Hay que dejar claro que los informes los realizan expertos,
aunque los aprueba el pleno cameral, compuesto en la actualidad por tres
miembros propuestos por el PSOE (Antonio López
es uno de ellos) y otros tantos del PP. Hay un
puesto de consejero que corresponde a IU. Quedó vacante con la marcha de Rafael Rodríguez a la Consejería de Turismo y aún no
ha sido cubierto. Rodríguez, como avanzó ABC el 13 de mayo, fue el consejero
del departamento que supervisó la auditoría de los ERE hasta su marcha a
principios de mayo.
El PP pide que López comparezca
El PP-A pedirá la comparecencia en el Parlamento del
presidente de la Cámara de Cuentas andaluza, Antonio López, para que explique
«con claridad» el contenido del informe sobre los ERE. Lo anunció ayer en
Granada el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, quien consideró que con
ese documento quedan «al descubierto» graves responsabilidades de las que
debería dar también explicaciones el presidente andaluz.
Cándido
T. Lorite









